¿Quién se quedará fuera del nuevo pastel?

La reciente cesión de un predio federal en Chalco, Estado de México para la construcción del primer Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) marca un hito no solo por su ubicación, sino por su significado político y operativo. Más allá de una inauguración simbólica, este acto formaliza un compromiso presupuestal y territorial con un modelo que pretende ampliar la cobertura del cuidado infantil en México. El predio cedido representa la transición de un discurso a una ejecución tangible que obliga a repensar quiénes serán los actores capaces de operar, coordinar y sostener estos centros bajo los criterios técnicos y normativos que se definan para este nuevo esquema social.

Equipos del gobierno federal, públicos y contratados, buscando oportunidades.

Mientras tanto, las miradas del gobierno federal ya están puestas sobre otros estados, con equipos de trabajo revisando predios y escenarios para edificar decenas de CECI más en Puebla, Querétaro y Baja California, en un despliegue que no tiene precedentes en el país. Con presupuesto asignado para al menos 150 centros en 2026, la pregunta operativa que empieza a surgir entre los actores del sector privado es inevitable:

¿serán estas oportunidades accesibles para empresas externas o quedarán dentro de un circuito cerrado de proveedores actuales? 

La inquietud es real, porque las reglas de participación, esquemas de financiamiento y criterios de adjudicación aún no se han formalizado públicamente, lo que abre un espacio de incertidumbre estratégica para quienes tradicionalmente han participado en la subrogación de servicios de cuidado infantil.